¿En Dónde Esta La Opinión Pública?
“Las reales columnas de la sociedad
son la verdad y la libertad.”
H. Ibsen
En los artículos constitucionales especialmente en el colombiano se plantea como derecho fundamental el “derecho a la libre expresión” a cada uno de los ciudadanos, sin embargo el periodista es uno de los personajes que se ve más afectado, ya que no hay libre cumplimiento del mismo y se ven perturbados por continuas amenazas de muerte, asesinatos o agresiones contra ellos o al medio al que están vinculados. “el asesinato, el secuestro, la intimidación y las amenazas contra los comunicadores sociales tiene dos objetivos concretos: por un lado busca eliminar a aquellos que realizan investigaciones sobre atropellos, abusos, irregularidades o ilícitos de otro tipo. Y por otro lado se busca ser herramienta de intimidación para enviar un mensaje a todas aquellas personas que realizan investigaciones sobre irregularidades en la gestión pública”. [1]
En estos mementos hablar de libertad e independencia periodística es utópico; a pesar de los esfuerzos de los gremios periodísticos por rescatar la ética de su profesión han sido atacados continuamente en el territorio nacional siendo considerada Colombia como uno de los violadores más graves de Libertad de Expresión en América latina, así lo confirmo el informe de la relatoría de la CIDH para la libertad de expresión del 2001.
“principio n° 9: el asesinato, el secuestro, la intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como a la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus actores y asegurar a las victimas una reparación adecuada”[2]
Analizar los estamentos anteriormente mencionados sobre libertad de expresión demarcan inestabilidad en las leyes colombianas. Luego de estudiar la ley 918 únicamente pudo salvar 6 puntos de los ocho que deberían ser aprobados para el desarrollo formal de la profesión periodística, tales como la aprobación de la tarjeta profesional y no depender de la rama comunicativa como actualmente se maneja. A pesar de plantearse como apoyo al ejercicio periodístico no hay ningún tipo de acción que respalde el derecho de los periodistas a ejercer de manera libre, ni bajo garantías reales. Es así como muchas muertes han quedado en la impunidad, son vagas las investigaciones al respecto, carecen de respaldo y de tentativas acusatorias. Mientras las agresiones continúan, muchas son las voces que callan por cuidar su vida y no exponer a su familia.
Las leyes se cobijan en especulaciones que resguardan a unos pocos, los futuros comunicadores se baten entre el miedo y la mediocridad, además de la carencia de espacios y herramientas que le den autoridad ante la sociedad; mientras la parte silenciada de la población lucha por guardar secretos, a la vez que el Estado y el resto de la sociedad se desangra por unos pocos.
[1] Comisión andina de juristas. Amenaza de muerte, asesinatos y agresiones.
[2] Declaración de principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH sobre la libertad de expresión.
“Las reales columnas de la sociedad
son la verdad y la libertad.”
H. Ibsen
En los artículos constitucionales especialmente en el colombiano se plantea como derecho fundamental el “derecho a la libre expresión” a cada uno de los ciudadanos, sin embargo el periodista es uno de los personajes que se ve más afectado, ya que no hay libre cumplimiento del mismo y se ven perturbados por continuas amenazas de muerte, asesinatos o agresiones contra ellos o al medio al que están vinculados. “el asesinato, el secuestro, la intimidación y las amenazas contra los comunicadores sociales tiene dos objetivos concretos: por un lado busca eliminar a aquellos que realizan investigaciones sobre atropellos, abusos, irregularidades o ilícitos de otro tipo. Y por otro lado se busca ser herramienta de intimidación para enviar un mensaje a todas aquellas personas que realizan investigaciones sobre irregularidades en la gestión pública”. [1]
En estos mementos hablar de libertad e independencia periodística es utópico; a pesar de los esfuerzos de los gremios periodísticos por rescatar la ética de su profesión han sido atacados continuamente en el territorio nacional siendo considerada Colombia como uno de los violadores más graves de Libertad de Expresión en América latina, así lo confirmo el informe de la relatoría de la CIDH para la libertad de expresión del 2001.
“principio n° 9: el asesinato, el secuestro, la intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como a la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus actores y asegurar a las victimas una reparación adecuada”[2]
Analizar los estamentos anteriormente mencionados sobre libertad de expresión demarcan inestabilidad en las leyes colombianas. Luego de estudiar la ley 918 únicamente pudo salvar 6 puntos de los ocho que deberían ser aprobados para el desarrollo formal de la profesión periodística, tales como la aprobación de la tarjeta profesional y no depender de la rama comunicativa como actualmente se maneja. A pesar de plantearse como apoyo al ejercicio periodístico no hay ningún tipo de acción que respalde el derecho de los periodistas a ejercer de manera libre, ni bajo garantías reales. Es así como muchas muertes han quedado en la impunidad, son vagas las investigaciones al respecto, carecen de respaldo y de tentativas acusatorias. Mientras las agresiones continúan, muchas son las voces que callan por cuidar su vida y no exponer a su familia.
Las leyes se cobijan en especulaciones que resguardan a unos pocos, los futuros comunicadores se baten entre el miedo y la mediocridad, además de la carencia de espacios y herramientas que le den autoridad ante la sociedad; mientras la parte silenciada de la población lucha por guardar secretos, a la vez que el Estado y el resto de la sociedad se desangra por unos pocos.
[1] Comisión andina de juristas. Amenaza de muerte, asesinatos y agresiones.
[2] Declaración de principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH sobre la libertad de expresión.
1 comentario:
Bien. Falta el párrafo introductorio resumen. Fuera de tiempo.
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